El allanamiento que determinó la identidad de Alejandro Sandoval Fontana se realizó conforme a la ley

El tercer y último allanamiento en el que se recogieron los objetos personales a partir de los cuales se extrajo el ADN que permitió confirmar la identidad de Alejandro Sandoval Fontana, se realizó conforme a la ley. Así se desprende de los testimonios de hoy en el Tribunal Oral Federal Nº 6.
La primera tanda de audiencias de la jornada tuvo como protagonistas a policías federales, peritos y testigos que participaron de los tres allanamientos efectuados durante la instrucción de la causa. Por la mañana declaró el oficial subinspector Sebastián Luis Meritello, perteneciente a la División de Seguridad y Custodia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Meritello, quien por entonces se desempeñaba en la División Operaciones del Departamento de Seguridad y Estado, fue el encargado de transportar los objetos incautados en la casa de Don Torcuato donde habitaba Alejandro Sandoval Fontana hasta el Hospital Durand, sede del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), en la Capital Federal.
El testimonio de Adolfo Osvaldo Porcel, en particular, dejó muchas dudas. Como oficial principal de la Policía Federal -en la actualidad subcomisario en Campana-, Porcel intervino en el primer y segundo allanamiento ordenados por la jueza Servini de Cubría en los que se buscaban evidencias que contuvieran ADN del joven, y ambos tuvieron resultado negativo.
Casi las mismas dudas generó el testimonio de Alejandro Antonio Ladra, oficial auxiliar de la PFA que participó, según dijo, como “soporte técnico” en los allanamientos. Su firma apareció en las bolsas "tipo Ziploc" en donde se introdujeron los objetos destinados a llevar al BNDG para ser analizados. “No es común que firmara las bolsas”, aclaró Ladra. La fiscalía le preguntó sobre sus estudios:
-No estoy en el tema -dijo el uniformado.
-¿Pero qué estudió? -insistió el fiscal.
-Veterinaria.
Seguidamente fue el turno de Jorge Alberto Corinaldesi, oficial principal de la PFA, desde hace dos años en la delegación Mercedes, y de Gustavo Javier Martín y Alfredo Cayetano Albornoz, estos dos últimos testigos firmantes del segundo allanamiento efectuado el 9 de agosto de 2005. Este allanamiento sería anulado días más tarde por Servini de Cubría.
En base a las preguntas que les hicieron los jueces del tribunal, la querella y la fiscalía, se pudo constatar que el segundo allanamiento se fraguó para favorecer al apropiador Víctor Rei. También se detectaron irregularidades en sus declaraciones judiciales posteriores.
“Mi jefe tenía un yerno que se llamaba Alejandro -relató Martín-, entonces nos llevaron con la policía para ser testigos y buscaron objetos personales, sábanas, toallas, yo estaba en el living, vi cuando sacaron las cosas”. El testigo respondió que no recordaba haber entrado ni al baño ni a las habitaciones. “Me parece que no vi los objetos. No le di importancia al hecho de ser testigo, no le puse atención”.
Martín, al igual que Albornoz, era empleado de la panadería en la que trabajaba Alejandro y salió como testigo del allanamiento para hacerle la “gauchada” a su jefe, Alberto Villar, hermano de quien en ese momento era suegro de Alejandro. “La policía fue antes a la panadería, nosotros fuimos a la casa en un auto con Alejandro y la mujer, bajamos y entramos todos juntos”.
Hubo más inconsistencias en el testimonio de Martín. La jueza Roqueta le preguntó por qué en la declaración posterior al allanamiento dijo que era desocupado, ya que desde 1996 trabajaba en la panadería. “Tal vez porque no estaba en blanco. Hace cinco, seis años que estoy en blanco”, expresó Martín, a esa altura visiblemente nervioso y entendiendo que salir como testigo, como se lo explicó Roqueta, no es algo menor.
“‘Salime de testigo’, me dijeron… ahora me doy cuenta que tiene más importancia”, admitió. El juez Martínez Sobrino, en tanto, le marcó que en su declaración del 24 de agosto de 2005, luego del allanamiento, no había hecho referencia a que conocía a la esposa de Alejandro ni que la panadería era del padre de ella. Martín tampoco recordó si la casa a la que fueron quedaba cerca o lejos de la panadería de Don Torcuato en la que todavía trabaja.
Por su parte, Alfredo Cayetano Albornoz, compañero de Martín en la panadería, fue un poco más preciso: “Eran las diez de la mañana más o menos, yo estaba pesando pan, cayó una persona y me llevaron a la casa del yerno del dueño de la panadería (se refiere a Alejandro). Me dijeron que la gente que estaba ahí en la panadería iba a revisar la casa, eran policías de civil, yo no vi placas, nada, la casa quedaba a unas 15 cuadras, ahí en Don Torcuato, llegamos nosotros con Alejandro y después la otra gente”.
Albornoz, quien hace más de 20 años trabaja en la panadería, declararía una semana más tarde en Comodoro Py. “'Mirá que mañana vamos a la Capital', me avisaron la noche anterior, entonces mi señora me dijo ‘llevate los documentos’”. Albornoz manifestó no recordar que le hayan leído el acta que le hicieron firmar ni que le hayan hecho ninguna pregunta. Él tampoco podría haberla leído porque, como le respondió a Roqueta, es analfabeto.
Por la tarde, se presentaron ante el tribunal el suboficial Daniel Andrés Vergara, quien tomó las fotografías en el tercer y último allanamiento, cuando se secuestró el cepillo de dientes donde se halló el ADN; y Martín Miguel Liuzzi Palma y Adrián Aníbal Fernández, ambos testigos de ese procedimiento. Liuzzi Palma y Fernández dieron fe de que el allanamiento se llevó a cabo según la normativa vigente y sin irregularidades.
Vergara contó que el allanamiento se realizó de madrugada, que no había nadie en la zona por lo cual hicieron una recorrida para encontrar dos testigos, hasta que en el cruce de la ruta 202 y Panamericana, en una parada de colectivos, encontraron a Liuzzi Palma y Fernández. De allí se dirigieron a la casa de Alejandro, quien “se puso molesto por la hora” pero después les abrió, junto con los testigos fueron habitación por habitación, secuestraron sábanas y fundas de almohada, dos cepillos de dientes y, a solicitud del perito del procedimiento, una colilla de cigarrillo que apagó Alejandro.
Liuzzi Palma (33) y Fernández (31), ambos empleados de una empresa de transportes, estaban esperando el colectivo a la salida de su trabajo cuando los levantó la policía para ser testigos del último y definitivo allanamiento en casa de Alejandro. Uno y otro narraron detalladamente cómo se desarrolló el procedimiento, siempre en presencia de ellos, y cómo se les leyó y se les hizo leer el acta que firmaron.
Cabe añadir que antes de arrancar las audiencias de hoy, la magistrada María del Carmen Roqueta comunicó la negativa del tribunal al pedido de la defensa de una ampliación testimonial de Alejandro Sandoval Fontana, que lo hubiera puesto por segunda vez en el juicio en la posición de tener que testificar a favor de Rei, sumiendo a la víctima aún más en su condición de víctima.